ERNESTO AVILÉS MERCADO

GOBIERNO DE MUJERES

POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*

Maru Campos, Adriana Terrazas y Myriam Hernandez, son las tres titulares de los poderes en el Estado y son quienes nos gobiernan, desde el Ejecutivo Legislativo y el Judicial.

Hace apenas una semana, la titular del Poder Judicial dio a conocer las acciones realizadas durante su administración, destacando el recorte presupuestal infame que le hicieron, y que generó la peor crisis económica que ha tenido el Tribunal Superior de Justicia.

En una actitud de venganza política, javier Corral había tomado por asalto el Poder Judicial, reduciendo su capacidad de crecimiento, desarrollo y efectividad, obligando a las autoridades a establecer medidas de control, además de tener que pagar adeudos con un marcado sobreprecio, donde por ejemplo los cubrebocas, tuvieron que pagarse a 300 pesos cada uno.

Myriam Hernandez conoce como pocos la estructura del Poder Judicial, porque en él ha pasado los últimos 25 años, su conocimiento es también sobre las personas y grupos que durante décadas se habían hecho cargo de la vida interna del tribunal, desde abrir espacios laborales para familiares y amigos, hacer a un lado la carrera judicial cuando se trataba de encumbrar a los favoritos, así como el pasar por alto, infracciones graves a la disciplina institucional y de manera especial los innumerables actos de corrupción.

El evento de la magistrada presidenta, abarcó todas las áreas del tribunal, a nadie dejó de mencionar y eso fue determinante para demostrar ante propios y extraños, que el tribunal está integrado por un solo equipo y que lo lidera su presidenta y nadie más.

El evento de Maru Campos, reunió a lo más granado de la política prianista, entendiendo que la alianza entre el PRI y el PAN, constituye la fórmula más adecuada para poder enfrentar con posibilidades de triunfo al partido del presidente.

En Chihuahua, el gobierno de coalición ha tenido buenos resultados, particularmente en el Poder Judicial, donde se ha invitado a personajes de clara militancia priista que saben hacer bien su trabajo, pero además, conocen la lealtad y la practican.

Los tiempos políticos son importantes, pero en el momento actual, lo que garantiza la efectividad de un gobierno, es la eficiencia, profesionalismo y la efectividad, elementos que Maru Campos ha logrado consolidar en las principales áreas de su gobierno.

El tema de la seguridad, como la procuración de justicia, han quedado mucho a deber, a pesar de que la gobernadora les ha abierto la cartera y les ha dado libertad e independencia para integrar a sus propios equipos de trabajo, no han terminado de cuadrar los círculos; si siquiera tienen un programa integral para combatirla.

Los momentos de decisión están por llegar, los mencionados como posibles aspirantes al gobierno de la República, no terminan de convencer.

Santiago Creel, Lily Tellez, ni el mismo Marco Cortez, no pueden ganar una elección ni al congreso en sus entidades.

Maru Campos tiene carisma y sabe hacer proselitismo electoral, lo que el resto están en ayunas; Maru Campos está muy joven, dicen que puede esperar otro sexenio, pero que el sacrificio por la República no vale una precandidatura … .yo creo que sí.

PLAN “B” EN MANOS DE LA CORTE

El presidente de la República publicó en el DOF, el llamado plan B de la Reforma electoral, que el Senado  aprobó con 72 votos a favor y 50 en contra.

 

Estas modificaciones que comienzan a tener vigencia a partir del viernes 03 de Marzo, contempla reformas a 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley orgánica del Poder judicial de la Federacion, asi como a la nueva ley General de los medios de Impugnación en materia electoral

Desde diciembre pasado, la cámara de diputados había aprobado este paquete de reformas, pero su promulgación había quedado pendiente por la eliminación de la llamada “clausula de vida eterna”, que consiste en que los partidos chicos, se podían transferir votos entre sí para evitar la pérdida de registro.

Dentro del paquete de cuatro leyes del Plan B se reforma su estructura, funcionamiento y operatividad del Instituto Nacional Electoral (INE) en sus órganos desconcentrados, lo que representa un severo recorte de personal, así como una reubicación de funcionarios.

De entrada, se elimina la Secretaria Ejecutiva, las Juntas distritales, se compactan las juntas locales, desapareciendo las 300 juntas ejecutivas distritales, que se encargaban de la preparación, organización y celebración de los procesos electorales.

Una sola persona, se encargará de la oficina auxiliar, y tendrá bajo su responsabilidad, las actividades legales que corresponden a los 300 cuerpos ejecutivos colegiados de todo el país.

Esta reforma, elimina la Junta General Ejecutiva del INE, y se sustituye por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeros electorales y también considera modificaciones importantes en la estructura de los Organismos Públicos Locales (OPL), los cuales sólo contarán a nivel central, con una estructura máxima de dos áreas para todo el país, además de que reduce la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) a una Dirección Ejecutiva.

En cuanto a la operatividad, la reforma establece que los cómputos distritales comiencen el mismo día de la jornada electoral y no hasta el miércoles siguiente como se venía haciendo; además, no elimina el programa de resultados electorales preliminares PREP,  por lo que habría dos sistemas simultáneos de resultados.

Por lo que respecta a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, ya no será necesario  el contar con credencial de elector para votar, ya que que se puede hacer con matrícula consular o pasaporte.

Para evitar lo sucedido con Felix Salgado Macedonio, que le fue retirada su precandidatura al gobierno de Guerrero, por no haber presentado informe de gastos, se elimina la sanción de pérdida de registro de precandidatura o candidatura en los casos en los que se omita presentar el informe de gastos y se rebase el tope establecido.

La SCJN por conducto del ministro Alberto Pérez Dayan admitió a trámite la controversia constitucional que el INE presentó contra la primera parte del plan B, la cual incluye reformas a la ley General de Comunicación Social y de la ley general de responsabilidades administrativas, las cuales se encuentran suspendidas en los procesos que se llevan a cabo en Coahuila y el Estado de México.

 

Estas reformas producen una violación directa a las funciones del INE que como órgano constitucional autónomo le confiere la constitución, ya que obstaculiza la función que realiza como garante de la equidad de la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tiene una importante incidencia

 

Ojalá y el Poder Judicial ponga orden en estas claras violaciones constitucionales que afectan el sano desarrollo de la democracia nacional…ojalá

 

·      ABOGADO LITIGANTE INTEGRANTE DE LA FECHCA Y LA AECHIH

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